España estrena Registro de Alquileres Turísticos
Foto: Onda Cero
Una nueva normativa para controlar el sector del alquiler turístico establecida por el Real Decreto 1312/2024 entró en vigor este 2025 en España. Se trata del Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración con el cual se pretende garantizar la transparencia y el control en las viviendas destinadas a estancias temporales así como fomentar un modelo de turismo más sostenible y equilibrado.
La novedad exige la constancia de un número de identificación único para cada vivienda turística, indispensable para publicitarse en plataformas como Airbnb o Booking y con el que se puede verificar el cumplimiento de la normativa, desde el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma. Según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la medida no solo busca combatir el fraude y la competencia desleal, sino también equilibrar el mercado inmobiliario y proteger a los consumidores.
En Madrid, donde la demanda turística ha generado una fuerte presión en los precios de la vivienda habitual, sobre todo en los barrios más céntricos, como Malasaña, Lavapiés y La Latina, la normativa se presenta como un alivio. La regulación obliga a los arrendadores a justificar el uso temporal de sus propiedades y a actualizar su información en caso de cambios.
El procedimiento será iniciado a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, con toda la documentación en o directamente en papel en el Registro de la Propiedad o en el de Bienes Muebles y deberá resolverse en un plazo de 48 horas.
Para agilizar el funcionamiento de la medida se ha creado la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, una plataforma nacional que facilitará la transmisión de información entre arrendadores, plataformas y administraciones. Aunque, se ha establecido un periodo transitorio hasta el 1 de julio de 2025 para facilitar la adaptación de los arrendadores y las plataformas digitales. De manera que las sanciones específicas todavía están en desarrollo.
Con esta medida, España se posiciona como pionera en Europa, adelantándose al plazo establecido por la Unión Europea para implementar sistemas similares antes de 2026.