Italia evalúa suspender el nuevo sistema de control fronterizo de la UE para evitar el caos estival
El director de los aeropuertos de Roma advierte que el registro biométrico obligatorio es incompatible con los picos de pasajeros de la temporada alta
El sector turístico y de aviación en Europa enfrenta un escenario de alta tensión ante la implementación del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la Unión Europea. Diseñado para reforzar la seguridad mediante el registro obligatorio de datos biométricos —como imágenes faciales y huellas dactilares— de viajeros procedentes de terceros países, el mecanismo ha generado serios problemas operativos en múltiples terminales del continente. Ante el temor de un colapso durante los meses de mayor actividad vacacional, Roma se perfila como el próximo gran destino en frenar la aplicación de estos controles fronterizos.
Las alarmas se encendieron tras registrarse episodios de saturación extrema en aeropuertos clave como el de Lisboa, donde fue necesario desplegar fuerzas de seguridad adicionales para gestionar las filas masivas, y en Milán, donde un vuelo hacia Mánchester despegó sin más de 120 pasajeros debido a los retrasos en los controles. Ante esta realidad, el director ejecutivo de Aeroporti di Roma, Marco Troncone, declaró que el proceso actual resulta incompatible con los volúmenes de tráfico esperados. El directivo de la entidad que gestiona las terminales de Fiumicino y Ciampino argumentó que la única alternativa viable para evitar un desastre operativo es suspender temporalmente el enrolamiento obligatorio del 100% de los viajeros.
Esta postura de insumisión técnica no es aislada en el Mediterráneo, puesto que Grecia ya tomó la decisión unilateral de interrumpir las verificaciones del EES con el fin de proteger la fluidez de su sector turístico y la gestión de sus fronteras. Aunque la Comisión Europea extendió previamente un periodo de flexibilidad que permite a los centros de conexiones pausar los registros de forma temporal hasta septiembre de 2026, las proyecciones de los expertos son pesimistas. El director de Frontex, Uku Särekanno, advirtió que las alteraciones operativas podrían prolongarse hasta por dos años, mientras que diversas asociaciones de la industria calculan que el impacto económico negativo podría superar los 45.000 millones de euros en gasto de visitantes.
La falta de consenso sobre cómo abordar la crisis añade incertidumbre para los pasajeros internacionales. Stefan Schulte, presidente de la patronal aeroportuaria ACI Europe, señaló que cualquier determinación formal de suspender el sistema fronterizo debe recaer exclusivamente en los gobiernos nacionales y no en las directivas de los centros de transporte individuales. Esta discrepancia entre las autoridades comunitarias, los ejecutivos estatales y los operadores de los aeropuertos amenaza con profundizar la confusión en los flujos internacionales.
El resultado inmediato de este conflicto institucional es una aplicación fragmentada e inconsistente de las normativas vigentes en el territorio de la Unión Europea, variando los criterios incluso entre terminales de un mismo país. Para los viajeros de fuera del bloque comunitario, la falta de claridad respecto a los requisitos de entrada no solo incrementa el riesgo de retrasos y pérdidas de conexiones, sino que empaña la experiencia del turismo receptivo europeo en su periodo de mayor rendimiento económico.