España ordena la retirada de 8,352 anuncios ilegales de alquiler vacacional por incumplir los requisitos de registro
El Ministerio de Consumo intensifica la presión sobre las plataformas digitales tras detectar miles de inmuebles sin licencia o con números falsos, mientras persigue el bloqueo transfronterizo de propiedades en Madrid
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha emitido un requerimiento formal a dos de las principales plataformas de alquiler vacacional para exigir la eliminación inmediata de 8,352 anuncios que incumplen la normativa vigente de registro de alojamientos turísticos.
La intervención de la Dirección General de Consumo se divide en dos categorías de infracción detectadas en los portales digitales: un total de 7,227 alojamientos que se comercializaban sin aportar el número de registro obligatorio y otros 1,125 anuncios que exhibían identificadores considerados falsos por las autoridades de control.
El desglose técnico de la investigación revela que la primera plataforma albergaba 6,263 publicaciones sin licencia y 936 códigos presuntamente fraudulentos, mientras que el segundo operador acumulaba 964 anuncios sin numeración y 189 identificadores irregulares.
Según detalló el ministerio, las irregularidades en los números se deben principalmente a registros caducados que amparaban únicamente el alquiler parcial de habitaciones pero que se ofertaban fraudulentamente como propiedades turísticas completas, vulnerando el marco de protección al consumidor y las ordenanzas autonómicas y municipales.
Esta ofensiva regulatoria se complementa con un caso abierto en Madrid, donde las autoridades detectaron que 4,443 anuncios previamente bloqueados para los usuarios conectados desde España continuaban siendo accesibles para clientes ubicados en el extranjero mediante el uso de direcciones IP no españolas.
Ante esta brecha de visualización transfronteriza, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, remitió un informe detallado al Ayuntamiento de Madrid con las direcciones web, los códigos de identificación y la duración de las estancias —que oscilaban entre 1 y 30 noches, por debajo del mínimo legal de 31 días establecido para los alquileres de temporada—.
La actuación del Ejecutivo se ampara en las recientes modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto-Ley 29/2026, aprobado por el Consejo de Ministros para endurecer el control sobre los arrendamientos temporales y evitar el fraude en la oferta residencial.
Con el respaldo de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, las administraciones buscan que las plataformas tecnológicas extiendan los bloqueos geográficos más allá de las fronteras nacionales, obligando a los operadores digitales a verificar rigurosamente la legalidad de cada inmueble antes de su publicación en los mercados internacionales.




